De la tierra hay que hablar alguna vez
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Por Mario Alarcón Muñiz*
De la tierra hay que hablar alguna vez
 
Sin política de tierras el gobierno se aisla del problema de cientos (o miles) de familias rurales que sólo aspiran a acceder a un espacio para trabajar. El asunto se resuelve enfrentándolo. Alguna vez hay que empezar.

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Fecha:23/09/2013 8:36:00 
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El proyecto de creación de una sociedad del Estado (Compañía Entrerriana de Tierras) al que nos referíamos en esta columna hace una semana a raíz de su tratamiento legislativo, es oportuno para vincular la iniciativa con una necesidad de estos tiempos que no figura en la agenda del gobierno: la política de tierras.
La compañía estatal en cuestión ha sido pensada para “construcción de viviendas, loteos, urbanizaciones”, tendiendo a favorecer a quienes carecen de posibilidades de acceder a un terreno y un techo propios. Aplausos, pese a ser obligación del Estado. En Entre Ríos implica el cumplimiento de una cláusula constitucional (art.25).
Se le objeta a la iniciativa la creación de un nuevo ente burocrático que en ciertos aspectos, señalados el domingo pasado, se superpone al IAPV (Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda) que pronto cumplirá 55 años de funcionamiento. En lugar de agilizarlo y corregir sus defectos se opta por crear un nuevo aparato que demandará más directores, funcionarios, oficinas, vehículos, servicios, sueldos, viáticos y todo lo que se sabe.

La tierra perdida
Es auspiciosa la preocupación por entregar terrenos a quienes desean levantar una vivienda, asfixiados por un complicado mercado inmobiliario. Pero cabe preguntarse por qué esa inquietud no avanza hacia la tierra que necesitan los pequeños chacareros para trabajar.
Acaban de cumplirse tres años del anuncio formulado por el gobernador Urribarri el 15 de setiembre de 2010, acerca de un plan de retorno de la familia rural al campo. Nunca se conoció el plan. Tampoco se habló más del asunto. Y es un tema que merece una consideración especial.
Las condiciones no son las mejores, está claro. No por casualidad en los últimos veinte años (Menem-Cavallo, De la Rúa, Duhalde y los Kirchner) nuestro país ha perdido 180.000 pequeños productores, cuyas tierras no desaparecieron, sino que pasaron a engrosar el patrimonio de grandes explotaciones agropecuarias, muchas de ellas multinacionales. Los discursos sobre corporaciones y concentración de capital suelen ser frecuentes. Tan frecuentes como las operaciones del capital concentrado para absorber mayor superficie de tierra productiva al amparo de la indiferencia o la complicidad de los funcionarios.

“No te metás”
Cierto es que no está limitada la propiedad de la tierra -salvo para los extranjeros y de modo muy benigno-, pero también es verdad que la magnitud del problema exige que alguien intente ocuparse del mismo. O al menos plantear el debate.
Quienes en estos tiempos se proclaman fervorosos artiguistas de toda la vida (¿lo serían también cuando aplaudían a Menem y Cavallo?) han de saber -se supone- que el reglamento agrario de 1815 dispuso confiscar las tierras a los extranjeros y a los emigrados, ordenando distribuirlas, junto a un tercio de las tierras fiscales y entregarlas “a los más infelices…que serán los más privilegiados”, vale decir negros, zambos, indios y criollos pobres.
Han pasado dos siglos. La situación es distinta. Los tiempos también. Pero la referencia histórica vale para destacar la importancia que Artigas otorgaba a la propiedad de la tierra y el acceso a la misma de los desposeídos.
A los menemistas neoliberales de 1992 (o ”de derecha” como ahora prefiere decir el gobernador) cabe recordarles que en el gobierno de Mario Moine, plena fiebre de la “reforma del Estado”, respaldaron la disolución del Instituto Provincial de Transformación y Colonización Agraria (Iptycaer), ente descentralizado que fue a parar al tacho de la basura.
En verdad no servía de mucho dentro del marco económico y político de entonces, pero sus exequias revelaron el propósito aún vigente, de alejar todo lo posible el problema de la tierra. (“No te metás”, salvo en algún discurso aislado, para que todo siga igual).

Signos desalentadores
En esa línea fue negociado por el gobierno el campo El Quebracho, de Santa Elena. En 2006 (Busti gobernador, Urribarri ministro de Gobierno) se vendieron 1.685 hectáreas a la empresa Tres Arroyos, a 1.800 pesos la hectárea a diez años de plazo. Una preciosura (para la empresa).
Previamente, en 1993, se habían adjudicado 800 hectáreas a 25 familias que no alcanzaron a cobrar el total de la indemnización por el cierre del frigorífico Santa Elena. En diciembre de 2010 el gobierno intentó desalojar a esos ocupantes carentes de documentación porque en su momento no se les entregó papel alguno. El fiscal de Estado, Rodríguez Signes, al frente de sesenta policías armados, fracasó en el intento de desalojo.
Más tarde tomó forma de reparación el proyecto de entrega de 2.164 hectáreas que pertenecieran al ex senador Mario Yedro (condenado por enriquecimiento ilícito), a cien familias que realizarían una explotación porcina en Guardamonte, departamento Tala. El gobernador lo anunció el 12 de enero del año pasado. Hasta ahora nada por aquí nada por allá.
Es evidente que no hay política de tierras. Cuando viene bien se expresan algunas cosas, se dibujan otras, pero no se actúa en cuestiones fundamentales como esta. Y la realidad cotidiana indica que a los tumbos, de aquí para allá, diciendo una cosa hoy y otra diferente mañana, según como soplen los vientos, es imposible alcanzar buenos resultados.
Mientras tanto, cientos de familias (o miles, vaya uno a saber) esperan un pedazo de tierra para trabajar. No es fácil implementar un sistema eficiente del que no puede marginarse la idea cooperativa. Pero alguna vez hay que empezar para demostrar que los problemas se resuelven enfrentándolos.

*Periodista - Escritor - Conductor del programa "La Calandria", que se emite por LT14 Radio Urquiza de Paraná - Esta columna fue publicada en el Diario El Día de Gualeguaychú el 22 de setiembre de 2013

 
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